El estudio revela que varios requisitos legales destinados a operar como garantías procesales en realidad, a menudo, no funcionan como tales.
Un artículo académico recientemente publicado constata los efectos negativos de la implementación de la Ley de la eutanasia en Bélgica.
En 2002, con la aprobación de la Ley de Eutanasia, Bélgica se convirtió en uno de los pocos países del mundo que legalizan la eutanasia. En los 18 años desde la aprobación de la ley, muchas cosas han cambiado.
El artículo ‘Eutanasia en Bélgica: defectos de la Ley y su aplicación y del seguimiento de práctica‘ (Euthanasia in Belgium: Shortcomings of the Law and Its Application and of the Monitoring of Practice, en inglés) argumenta que en Bélgica se está produciendo una ampliación del uso de la eutanasia y que este puede ser ética y legalmente problemático.
Esta realidad está en parte relacionada con el hecho de que varios requisitos legales destinados a operar como salvaguardas y las garantías procesales en realidad, a menudo, no funcionan como tales.
Los autores del paper son Kasper Raus, Bert Vanderhaegen y Sigrid Sterckx, los tres investigadores de la Ghent University Hospital (Bélgica).
Los investigadores se centran en analizar tres tipos de salvaguardas o garantías procesales: los
criterios de debido cuidado legalmente definidos para la elegibilidad para la eutanasia; la consulta de un segundo (y a veces un tercer) médico; y la notificación de casos de eutanasia al Control y Evaluación Federal Comisión de Eutanasia del país.
El estudio muestra cómo esas tres garantías que deberían proteger a las personas indefensas de la práctica de la eutanasia pueden presentar deficiencias en la teoría y la práctica.
“La eutanasia, que implica el fin deliberado de la vida de un paciente, es un acto de largo alcance e irreversible que debe ser monitoreado de cerca explica el artículo en sus conclusiones-. En este articulo,
hemos argumentado que hay deficiencias en la eutanasia belga, la aplicación de esa ley y el seguimiento de la práctica de la eutanasia”.
Los investigadores consideran que varias de estas deficiencias “son estructurales” y, por lo tanto, “requieren algo más que una mayor supervisión”.
El estudio constata que la Ley de eutanasia ha especificado varias salvaguardias que, en el momento de
la promulgación de la ley, se consideraron fundamentales. Sin embargo, “como hemos explicado en este artículo, hay varias razones para concluir que muchas de estas (supuestas) salvaguardas en realidad no funcionan como tales”.
Primero el alcance de la Ley de Eutanasia se ha ampliado -no se ha utilizado para fines graves y enfermedades incurables- a ser utilizadas para cubrir el cansancio de la vida.
Segundo, “la consulta obligatoria de uno o dos médicos independientes puede no proporcionar una salvaguardia real”, ya que “sus tareas son bastante limitadas y, lo que es más importante, su consejo no es vinculante de todos modos: la autoridad final para realizar la eutanasia recae en el médico tratante que puede realizarlo incluso contra el consejo (negativo) de los médicos consultados”.
En tercer lugar, el control a posteriori por la FCECE “también suscita preocupaciones”. La Comisión no puede verificar el cumplimiento de varios criterios legales, “y tiene autoridad sustancial para reinterpretar la Ley de la Eutanasia como mejor le parezca”, concluyen.
Este artículo científico ha visto la luz en el momento en que España debate la aprobación de la Ley de eutanasia propuesta por el Gobierno de PSOE y Podemos.
