Cuatro días después de que el Supremo francés diera luz verde a la desconexión de Vincent Lambert, el doctor que atiende a este tetrapléjico en estado vegetativo, convertido en el símbolo del debate sobre la muerte digna, ha anunciado que se le ha retirado el tratamiento. Siguiendo el protocolo médico, Lambert dejará de ser alimentado e hidratado artificialmente y será sedado profunda y continuamente para que no sufra dolor.
Lambert, un enfermero psiquiátrico que tiene ahora 42 años, sufrió un grave accidente de tráfico en el 2008 que le dejó postrado de manera irreversible. Su esposa y tutora legal, Rachel Lambert, así como un sobrino y algunos hermanos llevan años reclamando que se ponga fin a lo que consideran un “ensañamiento terapéutico”.
Pero otra parte de la familia, encabezada por unos padres fervientemente católicos, se ha negado a la desconexión porque para ellos se trata de una eutanasia encubierta. Como el paciente no reflejó su voluntad por escrito, el pulso familiar se ha librado desde el 2013 en los tribunales.
Aunque los padres han sido sistemáticamente desautorizados por todas las instancias judiciales, desde el Consejo de Estado francés hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), siempre han encontrado algún resquicio legal para posponer o detener el proceso.
El último se lo proporcionó el tribunal de Apelación de París, al seguir la recomendación del comité de Naciones Unidas de derechos de los discapacitados que pidió no desconectar a Lambert mientras examinaba el fondo del asunto. Esa decisión judicial obligó al hospital de Reims en el que el paciente está ingresado a volver a alimentarlo.
Pero el pasado viernes, el Supremo tumbó el fallo del tribunal de Apelación -al considerar que no era competente en el caso- y con su sentencia cerró el círculo viciosos de los recursos porque, según los abogados de la esposa y del sobrino, se han agotado todas las vías judiciales posibles.
La reacción de los letrados que representan a los padres de Lambert fue la de amenazar con interponer una denuncia por homicidio voluntario contra el doctor Vincent Sánchez, jefe de la unidad de cuidados paliativos del hospital de Reims. Sin embargo, a Sánchez le asiste todo el derecho para aplicar el protocolo de fin de vida recogido en la llamada ley Léonetti que desde 2005 permite a los médicos, de acuerdo con el paciente o sus familiares, detener el tratamiento cuando éste se considera desproporcionado o inútil.
Despedida serena
Ha sido el propio Sánchez quien ha informado a todos los miembros de la familia Lambert a través de un correo electrónico de que el procedimiento para detener los tratamientos continuará a partir de este martes. En su mensaje ha pedido “responsabilidad” a todos para que acompañen a Vincent Lambert de la forma más “serena, íntima y personal posible”. Todo parece indicar que se ha llegado al final de un largo culebrón familiar, aunque nadie pone la mano en el fuego.
Todavía este lunes, la madre de Lambert pidió “auxilio” en Naciones Unidas durante una mesa redonda organizada por el Centro europeo para el derecho y la justicia, una ONG con sede en Estrasburgo, al margen de la 41 sesión del Consejo de derechos humanos celebrada en Ginebra. Dijo que querían asesinar a su hijo. “Vincent no está al final de su vida. Vincent no es un vegetal”, argumentó.
