Con el rechazo del Comité de Bioética, el Consejo General de Colegios de Médicos, la Sociedad Española de Psiquiatría y el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, la eutanasia «podrá ser legal en España pero siempre será una ley ilegítima». Así lo aseguró este miércoles en el Senado Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y portavoz de la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad.
Para el portavoz de esta plataforma -que aglutina a más de 150 organizaciones de la sociedad civil- la nueva regulación de la eutanasia es «una ley ilegítima» porque «se ha tramitado sin ningún tipo de debate social y sin escuchar a los expertos». «No ha habido debate porque es muy difícil explicar por qué países como Reino Unido, Francia o Alemania no han introducido este tipo de legislación o por qué en Holanda se han ido incrementando considerablemente las muertes por eutanasia como consecuencia de la pendiente resbaladiza en la que se convierten siempre este tipo de regulaciones», aseveró.
El Partido Socialista y sus socios en el Gobierno vetaron el pasado mes de diciembre en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la comparecencia de médicos, expertos en cuidados paliativos y en Bioética antes de comenzar con la negociación de las enmiendas. La autora intelectual de la nueva «prestación de ayuda a morir», la diputada socialista María Luisa Carcedo, llegó además a acusar al Comité de Bioética de «no haberse leído el articulado de ley» después de conocer su informe desfavorable.
Junto a algunos de los representantes de la Asamblea por la Vida, Mayor Oreja entregó este miércoles en la sala Clara Campoamor del Senado un manifesto-carta para pedir a los legisladores de la Cámara Alta que voten en conciencia y rechacen la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia aprobada por el Congreso el pasado mes de diciembre.
En esa carta, la Asamblea por la Vida pide el acceso universal a los cuidados paliativos y denuncia que tal como está actualmente planteada la regulación del «derecho a morir» no supone «un signo de libertad» para los ciudadanos, ya que «no puede existir tal cualidad cuando la opción es sufrir o que el médico te mate». Según recuerdan, el acceso universal a los cuidados al final de la vida «exigiría multiplicar por tres veces y media los servicios disponibles» actualmente por el Sistema Nacional de Salud (SNS).
De salir adelante esta nueva regulación que convertirá la eutanasia y el suicidio asistido en una prestación del SNS, Mayor Oreja anunció este miércoles que «alentarán la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte de las instancias competentes, y estudiarán la posibilidad de presentar un recurso propio a través del Defensor del Pueblo».
Además están trabajando en la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para conseguir una Ley Integral de Cuidados Paliativos, cuyos servicios «sean previos y obligatorios a toda petición de eutanasia». «Si la ley de eutanasia es mala, su aplicación será peor», auguró Mayor Oreja este miércoles en la sala Clara Campoamor del Senado. En el acto estuvieron presentes varios senadores de Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y del Partido Popular, entre ellos, Antonio Román y Javier Puente. Los únicos partidos que se oponen a esta ley.
La proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia que estudiará la Ponencia de la Comisión de Justicia este miércoles en el Senado será la menos restrictiva de todas las que existen. España además se convertirá en el único país de Europa con una «prestación de ayuda a morir», pero sin un acceso universal a los cuidados paliativos. Luxemburgo, Bélgica y Holanda superan ampliamente a nuestro país en la cobertura de cuidados al final de la vida.
