La especialista en Bioética señala que la nueva norma «no responde a una demanda social urgente ni cuantitativamente numerosa»
La directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, Elena Postigo, es una de las cien personalidades de la vida pública española que ha firmado el manifiesto contra la ley de eutanasia.
Esta académica se ha sumado a un nutrido grupo de médicos, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil que –aglutinados bajo la plataforma «Los 7.000»— han decidido alzar su voz para pedir al Congreso de los Diputados que detenga la tramitación de esta nueva norma, ya que consideran que sin los cuidados paliativos adecuados, la eutanasia aboca a los enfemos a elegir entre «vivir con dolor o morir a manos de un médico».
¿Por qué he decidido apoyar este manifiesto?
Decidí apoyar este manifiesto por varias razones: en primer lugar, debido a la gravedad de la situación que atravesamos. Considero que debería haberse paralizado la tramitación de la ley de eutanasia, de manera que pudiera producirse en un futuro un debate sereno, como merece una ley de profundo calado social y sanitario. Han muerto millares de personas solas, sin familiares junto a ellos, no se han podido velar, enterrar y hacer un duelo para reconfortar a las familias en circunstancias normales; y aun así, la ley de eutanasia, terrible e inexorablemente, ha seguido su curso, como si en estos momentos fuera algo realmente necesario. No responde a una demanda social urgente ni cuantitativamente numerosa.
¿Cree que cuenta esta ley con el respaldo mayoritario del personal sanitario?
Desde el ámbito médico han sido numerosas las instituciones y asociaciones que se han manifestado contra la eutanasia por no considerarla un acto médico. La Asociación Médica Mundial y la Organización Médica Colegial, mayoritariamente, han afirmado reiteradamente que quitar la vida de un enfermo terminal, aunque este lo pidiera, no es un acto propio de la medicina y es contrario a la ética médica. Lo propio del médico es hacer que el enfermo no sufra y cuidarle hasta el final de sus días con toda la atención que necesite. El Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial Española, en su artículo 36, afirma: «El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuando ya no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste». También la Asociación Española de Bioética, AEBI, de la cual formo parte, así lo ha expresado: «nunca hay motivo que justifique la directa eliminación de un ser humano. El interés general de la sociedad exige que ningún miembro pueda cooperar o ejecutar la eliminación de otro, y menos aún los profesionales sanitarios. Debemos eliminar el dolor y el sufrimiento, no la persona con dolor y sufrimiento».
¿Tendría alguna consecuencia jurídica la legalización de la eutanasia?
Desde el punto de vista del Derecho, si se despenalizan el suicidio asistido y la eutanasia se crearía una brecha insalvable entre el deber de tutelar y proteger la vida humana, propia del estado y las instituciones sanitarias, cuyo fin primordial es el cuidado de las personas. El Estado tiene el deber, conforme a cuanto establecido en el artículo 10 de nuestra Constitución, de observar y cumplir el principio general de defensa de la vida humana y la dignidad de la persona. Es prioritaria una ley de Cuidados Paliativos que trate al enfermo terminal con la máxima dignidad y respeto. Considero por último que la ley de eutanasia contradice los fines mismos de la medicina, cuyo fin es cuidar y curar del enfermo, nunca acabar intencionadamente con la vida del enfermo, y generaría una brecha insalvable en la naturaleza misma de la profesión y en la confianza médico paciente.
¿Qué le parece que la ley de eutanasia se esté tramitando por la vía exprés?
Desde el punto de vista jurídico y político, la iniciativa se ha tramitado como proposición de ley y no como proyecto de ley, lo que implica ahorrarse todos los trámites e informes previos: Consejo de Estado, Asociaciones y Colegios Profesionales, Comité de Bioética, Consejo General del Poder Judicial, etc. El modo, los tiempos, la ausencia total de oportunidad, no paralizar su procedimiento, etc., denotan por parte del Gobierno el deseo de omitir un debate político indispensable.
¿Qué podría provocar en los enfermos la legalización de la eutanasia cuando no se cuenta aún con los cuidados paliativos necesarios?
En primer lugar, podría provocar cierto temor y desconfianza en la relación médico-paciente; podría hacer que gradual y socialmente se perdiera el valor de toda vida humana, tal y como ha sucedido en países que la han implantado hace casi dos décadas, y a la postre, la desvirtuación de los fines mismos de la Medicina, que perdería su fin natural: curar y cuidar. El doctor Marcos Gómez Sancho, pionero de Cuidados Paliativos en nuestro país, afirmó: «una ley de cuidados paliativos haría innecesaria una ley sobre la eutanasia, es irresponsable regular la eutanasia en España sin resolver los cuidados paliativos y la dependencia». Asimismo, el doctor Javier Rocafort, director médico del Hospital Centro Cuidados Laguna de Madrid, en una reciente entrevista daba los siguientes datos: «Hay sobre 60.000 personas que cada año están sufriendo innecesariamente porque necesitan cuidados paliativos avanzados y no los tienen. Cada día hay unas 150 personas que sufren innecesariamente. Cada diez minutos una persona fallece en España con sufrimiento». Lo verdaderamente importante en estos momentos es potenciar los cuidados paliativos por todo el territorio nacional, no una ley de eutanasia.
