La ley aprobada ayer por el Parlamento prevé hasta tres años de prisión y 45.000 euros de multa para los profesionales que no obedezcan la voluntad de los menores. Si la familia les impide, se prevé la revocación de la patria potestad
Ayer, el Parlamento de Francia aprobó definitivamente una ley para introducir un nuevo delito en el Código Penal. Cualquiera que practique «terapias de conversión» para cambiar la orientación sexual de una persona, incluso a petición de ésta, se arriesgará a recibir hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros. La ley la adelantó el Lrem, el partido de Emmanuel Macron, y la ministra de Igualdad, Elisabeth Moreno, calificó las terapias de conversión como “la antítesis de nuestros valores republicanos”.
El quid de la identidad de género
Sin embargo, el texto ha desatado la protesta de psiquiatras y juristas, recogida por Figaro, porque no se limita a prohibir las intervenciones médicas y psicológicas para cambiar la orientación de las personas homosexuales. De hecho, en el primer artículo también se incluía la identidad de género. Las terapias de conversión, afirma, son “prácticas, conductas o propuestas repetidas encaminadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona, verdadera o supuesta, y que tengan por efecto alterar la salud física o mental”.
Al incluir la identidad de género en el texto, protestó el Observatoire la petite sirène, un colectivo que reúne a médicos, psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas infantiles, «ya no podremos cuidar a menores que sufren disforia de género». Como explica la jurista Olivia Sarton, en la ley “no hay distinción entre menores y adultos y los problemas de las dos categorías de personas no son los mismos”.
Está prohibido negar la transición de género a menores de edad.
De hecho, las solicitudes de transición de género entre los menores se han multiplicado por cinco en Francia, como en el resto de Europa, a partir de 2012. Se está extendiendo un enfoque «afirmativo», que prevé iniciar la transición a los diez años con bloqueadores de la pubertad, bombardeo hormonal y operaciones quirúrgicas desde los 15 años. Después de la aprobación de la ley, un médico ya no podrá negarse a realizar una transición solicitada por el menor o los padres, ni podrá realizar una consulta psicológica para evaluar si la operación es adecuada o no para el específico caso.
Así, protestan los expertos en salud, «se corre el riesgo de encerrar a los jóvenes en una identidad que quizás no fuera más que la expresión de sus dificultades, muy comunes también en la adolescencia». En lugar de actuar prematuramente con bloqueadores de la pubertad, las dificultades de los jóvenes deben ser enfrentadas «con cursos de psicoterapia» para darle al niño la oportunidad de comprender verdaderamente cuáles son sus problemas y lo que realmente quiere.
«Stop»: el llamamiento de los expertos en Francia
Pero tras la aprobación de la ley, insiste el jurista Sarton en Francia, «un psiquiatra que quiera ser cauteloso y trabajar sobre el malestar del niño, negándose a iniciar una transición demasiado rápido, podría ser procesado y condenado». Según la psicóloga y psicoanalista Céline Masson, «nuestro enfoque es neutral y queremos acoger a los niños, permitiéndoles alcanzar la madurez antes de intervenir desde el punto de vista médico». El fenómeno de las transiciones tempranas de género ya había sido denunciado en Francia con un llamamiento publicado por l’Express por medio centenar de intelectuales y médicos, filósofos, psicoanalistas, abogados, magistrados y profesores. Los autores se rebelaron contra el «robo de la infancia», la «mercantilización del cuerpo de los niños» y la mediación de «engañosos discursos ideológicos» sobre la autodeterminación que están provocando un surgimiento de niños y adolescentes que desean cambiar de sexo.
Los padres no podrán oponerse. La ley es aún más peligrosa porque prevé, si un padre quiere impedir la transición de género del niño, «la revocación total o parcial de la patria potestad». Aude Mirkovic, miembro del Colectivo Juristas por la Infancia, también destaca que la ley es «extremadamente vaga»: «¿Qué significa comportamiento o propuestas repetidas? La ley penal debe ser clara, poniendo así en peligro la libertad de expresión y educación de los menores». Uno de los resultados de la ley, preocupa el republicano Xavier Breton, «será dividir a las familias para dejar solo al niño o adolescente frente a sus problemas».
