El pasado 20 de febrero, cinco propuestas de ley que introducen la eutanasia en Portugal fueron aprobadas en el parlamento portugués.
Algunos días antes (el 7 de febrero), la Federación Pela Vida lanzó una campaña contra la eutanasia y un referéndum. Luego de la referida votación, las propuestas de ley fueron enviadas a una comisión parlamentaria para abrir el debate artículo por artículo.
La recolección de firmas para la petición de referéndum reunida el 7 de marzo de 74 mil (el mínimo es de 60 mil para exigir al parlamento que vote un referéndum [aprobado o no]). Para el 13 de marzo, los portugueses comenzaron el encierro debido al CoVid 19 como todos en el mundo. En ese momento se recogieron 86 mil firmas ese día.
Inmediatamente al final del encierro, el parlamento anunció que abrirían el debate nuevamente. La petición de referéndum finalmente se presentó el pasado 18 de junio y rindió 95 mil firmas.
El lunes 21 se lanzó una declaración de 15 de los profesores universitarios de derecho público más importantes de Portugal, en la que se informa que las propuestas de eutanasia son inconstitucionales. El Doctors Bar (órgano que en Portugal tiene poderes para regular la profesión por delegación del gobierno) informó al parlamento que si se aprueba esta ley, se opondrán al derecho constitucional de resistencia y, por lo tanto, no se designará ningún médico para las comisiones que se supone para decidir sobre cada caso de eutanasia.
El resultado ha sido que el parlamento portugués declaró que no habrá una votación antes de agosto y que el debate (y las audiencias que pretendían evitar) se prolongarán al menos hasta septiembre u octubre.
Las organizaciones movilizadas contra esta ley seguirán haciendo campaña y al mismo tiempo acompañando el debate parlamentario y volviendo a las calles.
En este enlace puede ver la declaración conjunta en la página dos del archivo adjunto (la primera página es la carta que fue dirigida al presidente del parlamento portugués que envía el documento).
Estos profesores son 15 de universidades de Portugal, de 21 que comprenden todos los profesores de derecho público que tienen la cátedra en sus universidades. Es altamente representativo del pensamiento académico sobre el derecho constitucional (uno de los signatarios, el Dr. Prof. Jorge Miranda, es de hecho conocido en Portugal como «el padre de la constitución portuguesa», ya que era la figura dominante, como parlamentario, cuando la constitución democrática real fue redactada en 1976) y una contribución importante al debate constitucional y la verificación en la corte respectiva que seguirá a la aprobación de la ley, si la misma pasa al parlamento
