El viernes 12 de junio el Gobierno de Estados Unidos emitió una norma que protege el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y demás profesionales de la salud ante el aborto y las cirugías de cambio de sexo. La norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) elimina algunas partes de una regulación de 2016 que ampliaba la definición de discriminación por sexo y que “excedía el ámbito de la autoridad delegada por el Congreso”.
“El HHS fortalece la sección 1557 devolviéndole al gobierno la interpretación de la discriminación por sexo de acuerdo al sentido llano de la palabra ‘sexo’ como masculino y femenino y como determinado por la biología”, indica el texto. La sección 1557 de la ley del cuidado de la salud prohíbe financiar con fondos del gobierno programas que estén basados en la discriminación por sexo.
Bajo la regulación aprobada por el gobierno de Barack Obama en mayo de 2016, la palabra “sexo” era definida incluyendo la “identidad de género”, con lo que los médicos que rechazaban hacer cirugías de cambio de sexo podían ser procesados por discriminación sexual. La norma también era interpretada de modo tal que se asumía una protección para la práctica del aborto.
El presidente del comité provida del Episcopado estadounidense y Arzobispo de Kansas City, Mons. Joseph F. Naumann, saludó la nueva regulación y dijo que los obispos están agradecidos por este “importante paso” del gobierno. “Las regulaciones propuestas ayudarán a restaurar los derechos de los proveedores de salud – así como los aseguradores y los empleadores – que rechazan practicar abortos o procedimientos de ‘transición de género’ en razón de una objeción ética o profesional”, agregó el Prelado. “Los proveedores católicos de salud sirven a todos los que reciben, sin importar sus características o contexto. Sin embargo hay consideraciones éticas cuando hablamos de procedimientos”, resaltó.
Ocho estados y muchos proveedores de salud rechazaron las regulaciones del gobierno de Obama y presentaron diversas medidas legales en diciembre de 2016. El caso resultó en el fallo del juez Reed O’Connor que emitió una medida cautelar a nivel nacional contra la aplicación de las regulaciones, constatando que la definición ampliada de discriminación sexual atentaba contra la libertad religiosa. El gobierno federal no apeló entonces el mandato judicial.
El consejo general del Episcopado emitió sus propios comentarios en agosto de 2019 precisando que la reinterpretación del gobierno de Obama era “errónea”.
La Dra. Grazie Pozo Christie, consejera de políticas de The Catholic Association, felicitó la modificación de las regulaciones del 12 de junio. “La prevención de la discriminación por sexo tenía la intención de asegurar que las mujeres sean tratadas igual a los hombres”, dijo la experta en una declaración.
“Cambiar la definición de sexo para significar ‘identidad de género’ e incluir acceso irrestricto al aborto no habría protegido a los vulnerables”, resaltó. Lo que hubiera pasado, advirtió, es que se habría impedido que los médicos rechazaran realizar procedimientos que objetan, como es el casio de los abortos tardíos o las cirugías de menores de edad con disforia de género. “Sacar al gobierno del negocio de la ingeniería social y fuera del camino de la ética médica y el cuidado de los pacientes es un paso adelante”, resaltó.
