Especialistas alertan de que las razones por las que se ha cesado al actual comité no son científicas ni rigurosas en ningún caso, sino meramente ideológicas.
El Ministerio de Sanidad ha cesado a los miembros del Comité de Bioética de España, el órgano colegiado independiente y de carácter consultivo, que asesora sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud.
En su día, el Gobierno no solicitó el asesoramiento bioético del Comité durante la tramitación parlamentaria de la Ley de la Eutanasia, desoyendo las valoraciones que éste emitió sobre la norma, en las que los expertos del Comité alertaron de las numerosas dificultades bioéticas que presentaba, entre las que menciona que, además de suponer un atentado contra la vida y la dignidad de los pacientes, la objeción de conciencia de los facultativos implicados no quedaba garantizada, abriéndose numerosas lagunas que podrían complicar el que los médicos y otros sanitarios implicados puedan ejercer su legítimo derecho a plantear la objeción de conciencia para la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido que se deriva del artículo 16 de la Constitución Española referido a la libertad religiosa e ideológica.
Este informe contó con la unanimidad de sus miembros a excepción del voto particular emitido por la vocal Leonor Ruiz en el caso de la objeción de conciencia, que precisamente es la única que se mantiene del anterior Comité.
Puntos clave:
- La redacción de la reciente Ley de Eutanasia y su posterior aprobación parlamentaria, ha obviado no solo la opinión de los profesionales implicados sino también la del propio Comité de Bioética de España, al que ni tan siquiera solicitó informe consultivo.
- El proceder legislativo que ignora la opinión de expertos o las evidencias científicas relacionadas disponibles, incurre en una grave irresponsabilidad que le puede llevar con probabilidad a legislar en contra del bien común. Las razones por las que se ha procedido de tal manera no son científicas ni rigurosas en ningún caso, sino meramente ideológicas.
- Suprimir al disidente, o silenciarlo como ha ocurrido en el caso que nos ocupa, es un proceder habitual del que impone, somete, manipula o reprime, prácticas totalitarias de consecuencias tristemente conocidas. La actual intervención selectiva relevando a los miembros de un comité consultivo, que hubieran podido ser renovados otros cuatro años, por resultar incómodos a quien gobierna al mostrar su oposición, basada en la evidencia científica, a la arbitrariedad del gobernante que desde la ignorancia o el sesgo ideológico legisla contra el bien de sus ciudadanos, constituye un ejemplo lamentable de proceder totalitario, acientífico y no plural, que situándose de espaldas a la evidencia, aquella que le muestran los expertos que ahora trata de silenciar, procede con imprudencia maleficente.
- Las consecuencias de esta forma de proceder incluyen una degradación en la práctica asistencial, que muestra su rostro más siniestro en la no implementación de los cuidados paliativos de calidad para todo el que los necesita y, eso sí, la eliminación del que sufre y pide morir. Sin duda más barato. Sin duda más indigno
Julio Tudela Cuenca
Instituto Ciencias de la Vida
Observatorio de Bioética
Universidad Católica de Valencia
