Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas -individuales y colectivas- de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y afirmar la identidad de grupos .
La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. El ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático.
La nueva proposición del Ley del Gobierno Español para penalizar a los grupos Provida, lejos de presentar un panorama de consenso en cuanto a la protección de las manifestaciones y protestas, supone una clara limitación del ejercicio de estos derechos en el espacio público, producto de una concepción que considera esta movilización ciudadana como una forma de alteración del dominante lobby pro-aborto en lo que respecta a la Defensa de la Vida del No Nacido.
El Estado tiene también sus propias obligaciones que deben estar dirigidas a garantizar, proteger y facilitar las protestas y manifestaciones públicas, así como los estándares que deben enmarcar el uso progresivo -y como último recurso- de la fuerza en contextos de protesta. La manifestaciones y concentraciones tiene como una de sus funciones canalizar y amplificar las demandas, aspiraciones y reclamaciones de grupos de la población, entre ellos, los sectores que por su situación de exclusión o vulnerabilidad no acceden con facilidad a los medios de comunicación y a las institucionales de mediación tradicionales.
Desde One of Us manifestamos nuestra firme oposiciòn a esta Ley que supone la conculcación de los derechos que nos asisten a todos los ciudadanos y que el Estado tiene la obligación de respetar y denunciamos que este nuevo ataque a los derechos fundamentales tiene un fin ideológico, por un lado, de defensa del aborto y político por otro, de protección de los lobbies pro-aborto y de las empresas que se dedican a este negocio
Y por ello afirmamos que es esencial que el Gobierno y las naciones respeten y garanticen que nadie será criminalizado por ejercer los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en el contexto de manifestaciones y protestas.