Todos los miembros aseguran que legalizar la eutanasia o el suicidio asistido «supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana».
El Comité de Bioética advierte en su informe al Ejecutivo de que la ley propuesta no es válida desde un punto de vista ético porque «reconoce la muerte como un derecho incorporable al catálogo de prestaciones de la Sanidad pública».
«Existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública», asegura.
El documento, muy crítico, se queja de que el Gobierno haya llevado al Congreso una ley sin haber universalizado previamente los tratamientos y apoyos sociales que necesitan los enfermos crónicos y aquéllos en una situación terminal. «Se propone poner fin a la vida de una persona como única solución a su situación de sufrimiento», subrayan.
