El 9 de mayo, el TC con mayoría izquierdista aprobará la sentencia redactada por la magistrada Montalbán que avala la Ley del aborto de Zapatero.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, está ignorando una queja presentada ante el Tribunal de Garantías de 140 asociaciones por incumplir su deber de abstención en el recurso sobre el aborto. El próximo 9 de mayo, a pocas semanas de las elecciones, el Pleno con mayoría izquierdista aprobará la sentencia redactada por la magistrada Inmaculada Montalbán que avala en su totalidad la Ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El pasado 16 de marzo, más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil de las que forman parte Jaime Mayor Oreja o María San Gil como la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, representadas por E-Cristian, la Federación Española de Asociaciones Pro-Vida, la Federación One of Us, o NEOS, presentaban un escrito de queja ante el Constitucional denunciando que Conde-Pumpido al igual que los magistrados izquierdistas Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán debían abstenerse en la deliberación sobre el aborto.
Fuentes de estas asociaciones consultadas por Libertad Digital afirman que «un mes y medio después de que presentarán su queja ante el TC, no han recibido ningún tipo de respuesta por parte del Tribunal de Garantías». Conde-Pumpido debía abstenerse ya que cuando era fiscal general del Estado con el Gobierno de Zapatero avaló en el Consejo Fiscal dicha Ley. La magistrada Montalbán, que redacta la sentencia que avalará el aborto, era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se pronunció sobre la norma, mientras Campo formaba parte de aquel Ejecutivo como secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó la Ley. Por su parte, la magistrada conservadora Concepción Espejel también era vocal del CGPJ y anunció su intención de abstenerse, pero el Pleno del TC lo rechazó.
El escrito presentado por las 140 asociaciones, al que ha tenido acceso LD, destaca sobre la futura sentencia del aborto que «dado que la resolución afectará a tan altos e importantes bienes jurídicos protegidos, desde la protección de la vida humana a la salud de las personas, se hace necesario que la composición del Pleno del Tribunal Constitucional se encuentre ajeno a cualquier causa que pueda suponer contaminación en alguno de sus miembros por poder estar incursos en causas legales de recusación y puedan viciar de nulidad la resolución que se derive».
«Es en virtud de esa confianza en el prestigio de nuestras instituciones, de su necesaria imparcialidad, como derecho fundamental que deriva del art. 24 CE, por lo que los comparecientes reclaman el debido amparo legal de esta QUEJA y ruega la oportuna reconsideración del Pleno respecto de las recusaciones que en su momento han sido presentadas por el Comisionado meritado», apunta el escrito.
«Estas asociaciones representan a miles de ciudadanos»
Según la queja presentada, «no nos encontramos ante un recurso de amparo que afecte a un mero ciudadano, sino ante una situación de presuntas causas subjetivas y objetivas de recusación ante la deliberación y fallo de una resolución que tiene un alcance general y que afecta a la generalidad de los ciudadanos presentes y futuros, padres de familia y al derecho del ‘nasciturus’».
«Estas asociaciones y entidades representan a cientos de miles de ciudadanos que defienden los precitados bienes jurídicos protegidos por nuestra Constitución. Se trataría en realidad de una cuestión además, de orden público, y ante la afectación de una eventual causa de falta de imparcialidad que de la que devendría una nulidad radical, por lo que estimamos que deben tenerse en consideración los argumentos que exponemos en esta QUEJA», concluye el documento.
