El PSOE y Podemos saben que se irán del Gobierno antes o después, pero no quieren hacerlo sin dejar aprobada hasta la última ley de su agenda radical, derivada de la ideología de género
n este final de año, en el que parece que no le puede pasar a España una desgracia más, el derecho a la vida está más amenazado que nunca.
Más de doce años han transcurrido desde que 71 diputados del Partido Popular presentaron el 1 de junio de 2010 un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, del aborto ante el Tribunal Constitucional, sin que éste haya emitido una sentencia en ese larguísimo periodo, a pesar de haber declarado en su Auto de 14 de julio de 2020 que «este Tribunal Constitucional dará carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso».
Ante esta demora inadmisible – que contrasta con las más de 2.200 sentencias que el Tribunal Constitucional había dictado con posterioridad al citado recurso de inconstitucionalidad – 22 de los diputados que lo firmaron presentaron el 28 de mayo de 2021 una demanda (número 50063/21) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar que, no dictando sentencia, el Tribunal Constitucional les ha denegado, en la práctica y de forma absolutamente arbitraria, su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, amparado por el artículo 24.1 de la Constitución y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
Lamentablemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en formación de juez único, decidió el pasado 3 de noviembre inadmitir la demanda, sin posibilidad de recurso alguno y sin aportar una justificación razonable, al considerar que los demandantes carecían de legitimación activa para dirigirse a dicho Tribunal.
Entre tanto, el 15 de diciembre, el Gobierno de Sánchez y sus aliados parlamentarios aprobaron en el Congreso, pendiente la tramitación por el Senado, la reforma del aborto impulsada por Irene Montero. La reforma, que será bienvenida por los centros privados abortistas (que realizan el 78 por ciento de los abortos en España), supone un paso más en contra del derecho a la vida de los más indefensos y un mayor desamparo de la mujer ante una decisión irreversible, ante la que parece que no se quiere que reflexione ni que considere otras alternativas.
Se elimina el periodo de reflexión de 3 días y el sobre informativo sobre ayudas a la mujer embarazada (que solo se dará a petición de la mujer). Parece que se quiere que el cobro por abortos de las clínicas abortistas no se demore ni 3 días y que, en todo caso, ninguna mujer se eche atrás de ese magnífico negocio privado.
Las menores de 16 y 17 años podrán abortar sin el conocimiento de sus padres y sin que éstos puedan intentar ayudarlas ante una decisión que, en muchos casos, podrá tener consecuencias psíquicas graves para el resto de sus vidas. Y para las que tengan menos de 16 años, si hay discrepancias entre ellas y sus padres sobre el aborto, decidirá la autoridad judicial.
Se exige que los médicos objetores de conciencia se inscriban, previamente y por escrito, en un registro. Los objetores no podrán formar parte de los comités clínicos que confirmen, en un caso de aborto sin plazo límite, las enfermedades extremadamente graves e incurables del ser humano en gestación. Se quiere dificultar el derecho constitucional a la objeción de conciencia e incluso no permitir que un médico abortista se eche atrás ante un caso que repugne especialmente a su conciencia.
El PSOE y Podemos saben que se irán del Gobierno antes o después, pero no quieren hacerlo sin dejar aprobada hasta la última ley de su agenda radical, derivada de la ideología de género.
Y, sin embargo, la agresión a la vida y a la ecología humana que supone el aborto no durará para siempre. En Estados Unidos, el segundo país de Occidente que legalizó el aborto -en 1973- se ha producido en las últimas décadas un cambio importante en la opinión pública sobre el aborto, un proceso que ha culminado en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2022, estableciendo que no hay un derecho constitucional al aborto, y en que más de la mitad de los Estados han aprobado restricciones a su práctica. Y lo que empieza en Estados Unidos, bueno o malo, se acaba extendiendo por todo el mundo occidental.
Al igual que enriquecerse o beneficiarse con el tráfico de esclavos ha quedado como una mancha en la historia de algunas familias y ciudades europeas, el haber apoyado o financiado el aborto será dentro de algunos decenios un baldón en la historia de algunas entidades, fundaciones, partidos políticos y medios de comunicación. En palabras de Alberto Ruiz-Gallardón, el 27 de diciembre del 2012, «Algún día la izquierda se avergonzará de su postura deshumanizada de desprotección del concebido».
- Luis Peral fue senador por la Comunidad de Madrid. También firman este artículo José Eugenio Azpiroz ex diputado en el Congreso por Guipúzcoa, Benigno Blanco abogado y expresidente del Foro de la Familia, Eva Durán exdiputada en el Congreso por Madrid y Ángel Pintado exdiputado en el Congreso y exsenador por Huesca
