Fue un fallo jurisdiccional: El Tribunal de Apelación no tiene competencia en el caso Lambert. Eso dice el Tribunal de Casación dando la razón a los recursos del Estado y del hospital de Reims. Eso implica que “desde ahora”, en palabras del abogado de la mujer del paciente, pueden cesar toda hidratación y toda alimentación a Vincent Lambert, en estado vegetativo irreversible desde hace más de 10 años. Su cita con la muerte se aproxima.
El fallo del Tribunal de Casación fue adoptado hoy tras una sesión plenaria de 19 magistrados, su configuración más solemne, celebrada el lunes. Es inapelable. “No hay más vías de recursos posibles porque no hay más jueces a los que apelar” añadió el letrado.
Debe poner fin, pues, al caso que ha avivado en Francia el debate sobre la eutanasia. Pero tras 34 decisiones de instancias varias de la Justicia, no se puede excluir por completo algún capítulo extra. Sin ir más lejos, los abogados de los padres, a las puertas del Tribunal, amenazaron con acusar de “asesinato” si se interrumpen los tratamientos.
El Tribunal de Apelación ordenó el pasado 20 de mayo que fueran repuestos los tratamientos, interrumpidos unas horas antes, que mantienen a Lambert con vida aunque es capaz de respirar sin ayuda mecánica. El paciente, de 42 años, lleva en el hospital de Reims desde septiembre de 2008 a consecuencia de un accidente de carretera.
Los tres jueces de Apelación decidieron en una tarde y para ello invocaron una violación manifiesta de la libertad individual por parte del Estado. Es la única excepción que permite a esta jurisdicción intervenir en el caso. El razonamiento fue “si no hay vida, no puede haber libertad”. El fiscal general, François Molins, lo rebatió en el pleno del Tribunal de casación: “La Cour d’Appel ha creado una categoría suprema de libertad que carece de fundamento”.
Molins, un fiscal de larga trayectoria conocido por el gran público a raíz de los atentados de París de 2012, explicó el lunes cual era el perímetro de la vía de Casación activada por los recursos: “Este Tribunal no es requerido sobre la cuestión del fin de la vida de Lambert ni sobre lo bien fundadas que estén las decisiones médicas. Este proceso no es el de la ley Leonetti”.
El veredicto da la razón a sus argumentos.
El Tribunal de Apelación se basó también en la petición del Comité de derechos de las personas minusválidas de Naciones Unidas. Solicitaba el mantenimiento de los cuidados mientras hacía un evaluación del caso a petición de los padres del paciente. Pero las “recomendaciones” o “consejos” de este comité de expertos no son obligatorias para los países. Es lo que opina el gobierno francés.
Por el contrario, los abogados de los padres de Lambert sostuvieron en la vista que “no había ninguna urgencia en matarle, su estado es estable, respira solo y no sufre”.
En abril de 2013, el hospital de Reims, con el acuerdo de su esposa Rachel, puso en marcha el protocolo de fin de vida. Vincent, que era enfermero psiquiátrico, habría indicado antes del accidente que rechazaba el encarnecimiento terapéutico. De palabra, dicen sus allegados.
Y aquí es donde la cosa se complica. Los padres del accidentado, a quienes Le Monde considera próximos a los “católicos integristas de la Fraternidad sacerdotal San PíoX”, así como una hermana y un hermano se oponen a la decisión adoptada por la esposa (y tutora legal) y la mayoría de hermanos.
Estos últimos apoyan la decisión del equipo médico adoptada al amparo de la ley Claeys-Leonetti de 2006 que regula el no encarnecimiento terapeútico.
El texto legal dispone el fin de todo tratamiento de mantenimiento artificial de la vida. Lambert no está en fase terminal de ninguna enfermedad grave así que lo único que le retirarían son las sondas que permiten alimentarle e hidratarle. “La muerte será consecuencia del efecto de la deshidratación en los órganos vitales” ha precisado a Le MondeVincent Morel, ex presidente de la Sociedad francesa de cuidados paleativos.
Es decir, Lambert va a morir de sed… en los próximos días. De acuerdo con la ley, se le suministrará una sedación “profunda y contínua”.
El Consejo de Estado y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habían validado las decisiones previas de otros tribunales administrativos que previamente aprobaron la interrupción de los cuidados médicos.
